Educación prepago

Desde que comenzó la presente legislatura y el gobierno del PP finalmente se quitara la careta, a través del Ministro Wert y, en Aragón, la Consejera Serrat, dando a conocer sus verdaderas intenciones con la educación, se han sucedido las protestas de colectivos de profesores y profesoras, padres y madres y alumnos en todo el país. Toda la comunidad educativa está en pie de guerra por unas medidas que consideran leoninas. Y es que la reducción de becas, el

aumento de requisitos para optar a ayudas, la eliminación de aulas en el entorno rural y otras medidas que van camino de convertir la educación en un negocio al que solo podrán optar las clases más adineradas del país, tienen en constante alerta a sectores de la sociedad que entienden que la educación debe ser ante todo pública, de calidad y laica. Diversas voces críticas han apuntado que estas medidas ya han provocado, por lo pronto, una masificación de escolares en las aulas, ligadas a la reducción del número de profesores por alumno/a que son la consecuencia de un modelo político basado en la selección del estudiante y que denuesta lo público. 

Pese a ello, existe sobre la mesa desde el mes de julio la posibilidad de que las Comunidades Autónomas cuadren sus cuentas gracias a nuevos recortes en materia social y educativa. Estas iniciativas han sido recogidas por el Ministerio de Hacienda, quien el 31 de julio las expuso en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, a propuesta de algunas de estas Comunidades. Estos nuevos ajustes han sido tildados como inaceptables e inasumibles por diversos sectores de la educación. Tengamos presente que España está a la cola de los países de su entorno a nivel educativo, según diversos informes como el PISA, debiendo ser el único fin de cualquier nueva medida o modificación el mejorar esos penosos resultados. El problema de la educación en este país no viene de nuevo, y aunque los actuales recortes no son lo que en tiempos pasados provocaron un sin fin de críticas, su politización  ha sido constante y sistemática. Dependiendo del partido que ganara las elecciones, se realizaba una profunda modificación que enmendaba la que el gobierno anterior había aprobado. Evidentemente no puede dudarse de que esta instrumentalización política de la educación pública haya perjudicado el nivel de nuestro país. 

Desde la Ley de Moyano del año 1857, le han sucedido, entre otras, la Ley General de Educación (1970) en plena etapa tardo-franquista con el apoyo de la UCD;  la LOECE de Suárez en 1980 que pretendía replantear el sistema educativo de conformidad con los principios constitucionales, tras la aprobación de la carta magna en el 78; la LODE de 1985 que presentó el PSOE y que creaba por primera vez la figura de los colegios concertados: la LOGSE en el año 90, también del PSOE, que dio gran poder a las Comunidades Autónomas; la LOPEG en 1995, que contó con el respaldo del PSOE, el PNV y CIU y con la frontal oposición de los profesores al entender que daba origen a la privatización educativa. Le siguieron la LOCE en 2002, del PP, que nunca llegó a aplicarse, la LOE en 2006 del gobierno Zapatero que creó gran polémica con la asignatura "Educación para la ciudadanía" y finalmente la LOMCE o más conocida como "Ley Wert", que tiene como fin la modificación de la LOE y LOGSE (leyes socialistas) que se encontrarán en vigor hasta la aprobación de esta ley y sobre las que el PP siempre mostró su oposición. Mostraron casi tanta oposición como la que han recibido a la LOMCE, con gran cantidad de voces que requerían, y aún requieren, la dimisión del ministro Wert.

Una de esas voces, en nuestra Comunidad Autónoma, ha sido la de Antonio Aramayona, quien se define como un aspirante a filósofo, que ha pretendido inculcar filosofía y ética en los centros de secundaria de Madrid y Zaragoza en los q

Antonio Aramayona

ue ha impartido como docente. Durante más de dos décadas, Antonio ha colaborado con sus artículos de opinión con el Periódico de Aragón. Actualmente, entre diversas colaboraciones, destaca la que realiza con el Huffington Post. Escritor de varios libros, este hombre polifacético, es socio activo de ATTAC, DMD y Europa Laica. Desde 2013 se encuentra en el portal de la Consejera Serrat en defensa de la educación pública y laica. Lo primero que hemos querido que nos contara es el porqué de esa protesta diaria. Antonio nos cuenta que el 3 de junio de 2013 fue por primera vez al portal de la vivienda de la Consejera de Educación, Universidad, Cultura y Deportes del Gobierno de Aragón, María Dolores Serrat, "esgrimiendo como única arma un cartel que reivindica la escuela pública y laica, y denuncia los recortes perpetrados en educación desde esa Consejería."  Desde esa fecha son ya catorce los meses ininterrumpidos, de lunes a viernes, de 11 a 13 horas, en los que se concentra junto con otras personas que también acuden al portal de la Consejera.

Aramayona nos cuenta que "como voy en silla de ruedas desde hace siete años, a los pocos días, Fernando Soler,  un buen amigo médico y cargo directivo de DMD (Derecho a Morir Dignamente) me puso el nombre de “perroflauta motorizado”, que porto muy a gusto hasta la fecha." Su peculiar forma de protestar nos hace plantearle el porqué ir cada día hasta ese portal, que él ha hecho ya famoso. Para él "el derecho universal a la educación, al igual que todos los demás derechos recogidos en la Carta Universal de los Derechos Humanos son simplemente un re-conocimiento de un hecho fundamental: son esos derechos los que expresan y constituyen la humanidad misma de todos y cada uno de los seres humanos; dicho de otro modo, sin esos derechos (alimentación, vivienda, sanidad, educación, libre opinión y libertad de expresión, reunión y manifestación, autodeterminación, libertad de conciencia, etc.) el ser humano queda privado de los elementos primordiales que lo constituyen como humano y queda sometido a un proceso de des-humanización. De ahí que los recortes realizados por el Gobierno español al dictado de la Troika pongan de manifiesto el proceso des-humanizador que está padeciendo la ciudadanía española, europea y mundial, y –por consiguiente- reivindicar los derechos humanos y las libertades cívicas fundamentales rebasa con mucho el ámbito de la acción sociopolítica, en su sentido estricto, y cobra su pleno sentido en la defensa de la humanidad misma de cada ser humano, que lo constituye como humano. Centrando la cuestión en el derecho universal a la educación y en la presencia de unos ciudadanos en el portal de una Consejera autonómica de Educación en defensa de la escuela pública y laica y contra los recortes llevados a efecto en este ámbito, es un posicionamiento diario a favor de que otro mundo es posible, libre, justo, en paz, sostenible: en resumidas cuentas, humano."

No obstante, su protesta le ha acarreado un sinfin de identificaciones por la Policía Nacional, así como unas cuantas sanciones (de momento cuatro) por parte del Delegado del Gobierno en Aragón... lo que sin duda hubieran hecho desistir al más fuerte. Pero este perroflauta motorizado, como un buen día le apodase su amigo Fernando, asegura haber asistido a muchas manifestaciones y concentraciones, redactando y apoyando muchos escritos en defensa de la escuela pública y contra los desmanes cometidos regularmente por distintos gobernantes. Durante una temporada ocupó también Bancos, Cajas, Delegaciones de Hacienda, pero observó que nada de eso hace daño al poder instituido, "daño, nunca violento,

Junto a Pablo Echenique

solo en el sentido de efectividad y contundencia)", asevera. "Por eso - termina diciendo - resolví permanecer cada mañana, de lunes a viernes, en el portal de la vivienda de una Consejera de Educación de este país. Y mantengo la esperanza de que un día prenda la mecha y haya muchos portales en muchas ciudades defendiendo los derechos y las libertades de la ciudadanía y denunciando la demolición sistemática de los mismos. En cualquier caso y ocurra lo que ocurra, siempre nos restarán la huelga general indefinida y la desobediencia civil, polícroma, no - violenta y ajustada a cada circunstancia." Aramoyano, asegura finalmente que "ocurra lo que ocurra, seguiré en el portal de la vivienda de la Consejera aragonesa de Educación por la escuela pública y laica y contra los recortes."

¿Es la participación ciudadana una cuestión de fe?

Debemos entender como participación ciudadana el conjunto de acciones o iniciativas que pretenden impulsar el desarrollo local y la participación de los ciudadanos, integrándolos al ejercicio de la política y sus decisiones. Desde hace unos años, este término se utiliza de manera asidua en los ayuntamientos, comunidades y demás órganos de gobierno, que han

creado órganos específicos para ello. Creo sin duda que la participación ciudadana debe tener como fin último gobernar para y por el pueblo. Pero, ¿Cómo se consigue esto?. Con la llegada de la democracia y la financiación pública de los partidos políticos, estos trasladaron la representación directa que venían haciendo de los intereses ciudadanos a los sindicatos, organizaciones vecinales, ONGs... Esta situación en España, con la llegada de una crisis que dura más de siete años, empieza a ser combatida por sus gentes, quienes empiezan a reclamar una democracia más directa, estableciéndose distintos canales de participación, en un momento en el que caerá en picado la valoración que los españoles tenian de las instituciones, arrojando estadísticas con un 90% de desconfianza en los partidos y un 70% que reclamaba (aún a día de hoy) otra democracia. Casos de corrupción como los ERE, Gürtel, Bárcenas, Noos, Emperador, Palma Arena, Malaya... son solo algunos de los nombres más mediáticos de casos que han puesto sobre el tintero la necesidad de modificar la actual democracia y la participación que los ciudadanos tienen de las decisiones de sus gobernantes. Parece claro pensar que una decisión que es consensuada por el grupo social al que va dirigido no tiene más problema que ponerse en marcha. Pero, si esto es tan fácil, ¿porqué no ocurre?. Actualmente, cualquier decisión parte de un principio de representatividad que nuestra Constitución otorga a los poderes públicos que son, a su vez, los democráticamente elegidos. No confundamos erróneamente, a mi juicio, el artículo de la CE que dispone "la soberanía reside en el pueblo" como un canal de legitimación de nuestras pretensiones en esta materia, porque al fin y al cabo el mismo precepto termina diciendo "de donde emanan los poderes del Estado". ¿Es con la elección de los gobernantes donde termina nuestra participación?. En la gran mayoría de los casos las decisiones de los poderes públicos son tomadas de forma unilateral, sin tener en cuenta a los afectados por esta decisión, ni tan siquiera a asociaciones o grupos de personas que conocen de primerísima mano la cuestión que es objeto de modificación, cuando no de nueva regulación. Olvidan hasta que deben legislar y tomar decisiones para todo el conjunto de la población y no para sus electores y simpatizantes. Pueden ser un motivo de la sordera política los intereses partidistas y/o económicos. Los poderes públicos van reformando su entendimiento de participación ciudadana a regañadientes y así, a pesar de que en algunos ayuntamientos como el de Huesca, está cada vez más cerca de hacerse realidad, no es extraño que una cosa tan sencilla como acudir a un

F.Javier Moreno

pleno municipal y grabarlo, se termine convirtiendo, no en pocas ocasiones, en fuente de conflictos. ¿Acaso grabar un pleno no es parte de la participación ciudadana?. Para mí no hay género de dudas, la participación comienza con el conocimiento de los vecinos de los asuntos que su ayuntamiento se lleva entre manos, teniendo la posibilidad entonces de trasladarlo o darlo a conocer al resto de sus vecinos. ¿qué medidas deberían adoptar las administraciones en este asunto? Aunque con mejoras, respecto de lustros pasados, la participación sigue teniendo por delante un gran camino. Los ayuntamientos deberían tener en cuenta, en cada decisión que toman, la opinión de aquellos que van a verse afectados por sus decisiones, garantizándose a partir de aquí, no solo su eficacia, sino la aceptación al recoger los puntos que inquietan o incomodan a sus vecinos. Sin embargo, la administración no dispone de medios suficientes para este tipo de procesos, pues con una excesiva burocratización de todos los asuntos en general, esto sería un impedimento a expedientes y tramitaciones que, de por sí, duran meses, incluso años. Pero no es solo cuestión de la administración, también los ciudadanos nos despreocupamos de asuntos cotidianos que, aunque "siendo cosa de políticos", no podemos abandonar hasta pasados cuatro años. Nuestra participación debe consistir en algo más que en ir a votar y existen mecanismos para ello que debemos explotar al máximo (agrupaciones vecinales, mareas, grupos sociales...) En esta cuestión he querido contar con la opinión de F. Javier Moreno, Presidente del Barrio María Auxiliadora. Para él, la participación ciudadana es un derecho que a veces es mal entendido por quienes pueden y deben usarlo, pues no es extraño que gran parte de ciudadanos no se impliquen en asuntos que consideran que no les afectan, alzando la voz sólo cuando es demasiado tarde y de manera poco productiva. Pero, según F. Javier, algunos políticos también tienen culpa al pensar que la participación ciudadana se circunscribe a etapas electorales. En resumidas cuentas "la participación ciudadana es un derecho, pero también un deber de todos. Un derecho voluntario a tomar parte en las decisiones pero también  un deber como ciudadano para contribuir a la construcción social", dice convencido. Cuando le pregunto el porqué de la poca implicación ciudadana,no duda en responderme: 
"para participar hay que destinar tiempo, esfuerzo, hay que entender el hecho, analizarlo objetivamente, escuchar a los agentes con espíritu crítico pero colaborativo, hay que dejar de hacer otras cosas más satisfactorias y dedicar esfuerzo a asuntos colectivos y no todo el mundo está dispuesto", concluye.  Pero, ¿es cuestión de tiempo o de mentalidad?

Ley de (in) seguridad ciudadana

Todo estudiante de derecho que se precie, debe empezar por comprender para qué y porqué motivo están las leyes. Los seres humanos, dentro de nuestra esfera personal, familiar, laboral.... tenemos intereses particulares que a menudo chocan con el grupo social en el que cohabitamos. Con este motivo, entre otros, surgen las leyes. Pero no entendamos que existen tantas leyes como supuestos a regular, pues esto no sería más que un retroceso en la evolución social que desde luego debe estar por delante de cualquier norma o ley, es decir, las leyes deben regular hechos que ya se producen, y para asegurar su efectividad deberían ser aceptadas por el conjunto social al que se dirigen, respetando sus derechos y su moral,  pues solo así pueden tener algún tipo de control positivo o negativo de la conducta humana. Una ley que no es aceptada por la mayoría, carece de efectividad por cuanto sus destinatarios tenderán a desobedecerla. Aunque no regulan cada aspecto de nuestra vida, es cierto que existen gran multitud de normativas, reglamentos y leyes que complican la vida al jurista o estudiante que pretende localizar la que mejor se ajusta al supuesto de hecho. Gran variedad de situaciones reguladas que no pocas veces lo son  por disposiciones autonómicas, locales, reglamentos... la búsqueda puede volverse desesperante. En este gran museo, podemos encontrar la Ley de Seguridad Ciudadana 1/92, que fue aprobada cuando estaba de Ministro José Luis Corcuera y levantó no pocas ampollas entre la sociedad, siendo la que actualmente se encuentra en vigor, expectante de que la propuesta por el Ministro Jorge Fernández Díaz, la derogue. El porqué de una ley, sin duda deberíamos encontrarlo en la  exposición de motivos, que antecede al articulado, y que consiste en exponer las razones que el legislador encuentra en la realidad social del país para su promulgación. Es difícil saber exactamente el porqué de la ley de Fernández Díaz, dada su etapa gestante, pero si echamos un vistazo al contexto social actual, parece que lo que se quiere regular son las protestas sociales, los denominados escraches.... Existe gran controversia entre la población general respecto de si deben limitarse determinados derechos como el de huelga, manifestación, libertad de movimiento, a raíz del surgir de movimientos sociales y ciudadanos anónimos que desean mostrar su descontento con la actual situación socio - económica que atraviesa España desde hace más de un lustro. Dado el

Joaquím Bosch

trasfondo jurídico y social de esta cuestión, he creído necesaria la opinión del Magistrado - Juez y Portavoz de Jueces para la Democracia Joaquím Bosch, a quien tras pedirle su colaboración por las redes, sin dudarlo (lo que se agradece), ha aceptado. Planteadas estas y otras cuestiones en relación con la citada ley, me indica que la motivación del gobierno está en "crear instrumentos para sancionar toda una serie de conductas muy vinculadas a la libertad de expresión y el derecho de manifestación, en unos tiempos de cierta conflictividad social, pretendiendo, el poder político, silenciar las críticas a su gestión que le resultan más incómodas, como las protestas en las calles." 

La Asociación de jueces de la que es portavoz cree que los manifestantes, con la entrada en vigor de esta ley "se arriesgan a recibir multas muy elevadas, que en algunos casos pueden superar los 600.000 euros, resultando que estas sanciones son impuestas por la autoridad gubernativa y no por los jueces". Creen que lo que se pretende es evitar que con la judicialización de estas conductas se sigan escapando manifestantes amparados por resoluciones judiciales que limitan a los poderes públicos frente a la libertad de expresión, escraches pacíficos.... para apoderarse de estas decisiones el poder gubernativo. Escuchados estos argumentos,a mi juicio, visto lo visto, lo que se pretende es crear una ley que para JpD  "es autoritaria y atacará la pluralidad democrática existente".  "El argumento del gobierno es que se pretenden frenar las manifestaciones violentas, siendo que los datos que del propio Ministerio del Interior arrojan que el 99% de las manifestaciones celebradas en España, han tenido un carácter pacífico" - concluye Bosch. Entonces, cual es la dirección que tomamos: ¿democracia o autocracia? 

No es ciudad para bicicletas

Reconozco que hasta hace bien poco no solía coger la bicicleta, mucho menos por el centro de la ciudad.
Pero desde hace unas semanas suelo coger mi bicicleta y recorro, casi siempre con el mismo recorrido, huesqueta. Para ello utilizo, en aquellas calles donde lo hay, el carril - bici. Desde los primeros días, en los que me forjé una opinión, sigo manteniendo que Huesca no es ciudad bicicletas, o quizás mejor dicho, para ciclistas. No deja de sorprenderme como es posible que estos carriles, que suelen estar pintados de verde sino se han desgastado, se corten, desaparezcan o, incluso,  cambien de sentido. Uno de los primeros ejemplos que encuentro poco después de empezar el recorrido, está en la rotonda que separa la Calle Tarbes del Hotel ABBA. Puede resultar complicado e incluso peligroso cruzar esta rotonda, debiendo tener en cuenta que termina el carril bici justo en una intersección con paso de peatones incluído. ¿Y qué? dirán ustedes. Independientemente de lo brusco que puede resultar ir por tu carril y llegar de repente a su fin para tener que incorporarte a la calzada, vigilando que no se te lleve el que viene por tu izquierda o por detrás, y sólo así poder atravesar la rotonda para volver a entrar en el carril del que nunca debiste salir, no está de más tener presente que como normal general, las bicicletas no deben cruzar por los pasos de peatones, pues éstos son para los viandantes. Así lo establece el Reglamento General de Circulación, que dispone: "La circulación de toda clase de vehículos en ningún caso deberá efectuarse por las aceras y demás zonas peatonales. (Artº.: 121.5)". A pesar de tener suerte y no encontrarnos con un agente con poco sentido común, que termine aplicando el código a raja tabla, aún nos queda trayecto. Y así, como una carrera de obstáculos, lo mismo ocurre en la Plaza Santa Clara, donde debiendo ir (si queremos ser puristas) por la calzada de la rotonda para terminar incorporándonos al carril bici que se encuentra, en sentido contrario a nuestra marcha si venimos del Burguer, debemos extremar la precaución para realizar dicha maniobra. Bien porque en Huesca, no es deporte detenerse en los pasos de peatones, bien, porque (salvo gratificantes excepciones) cuando extiendes el brazo, en vez de interpretarlo el conductor como un intento de cambio de dirección, suele asimilarse como un saludo, del que además no recibirás contestación ¡cuánto mal educado me estoy encontrando!. Vivos, aún, en la jungla de asfalto y tras recorrer la Ermita de Salas, Perpetuo.... no sin antes haber tenido que avisar al peatón de delante que se aparte porque no puedo pasar (tampoco tiene culpa, no tiene acera, sólo carril bici, en el que además cuenta con prioridad) llego al Parque de la Universidad. Su carril bici, frente la Escuela Oficial de Idiomas, tiene más agujeros que un queso gruyere. Lo mismo ocurre con el situado en la Calle Ana Abarca de Bolea, cerca de Policía Local. Y así, tras una aventura que me causa algo más que sudor, llego a casa todos los días con la misma conclusión, ¡Ir en bici en Huesca es toda una aventura!

426. La verdadera cifra del paro

En los últimos meses el optimismo se ha adueñado de algunos medios de comunicación y de la gran parte de dirigentes de Administraciones del Estado, con titulares encaminados a hacer ver al ciudadano que el desempleo está bajando a buen ritmo. No obstante, y a raíz de poder ir observando las ofertas del mercado laboral, puedo aseverar que esto no es así o, cuanto menos, no es de un color tan rosa. Hoy mismo, en el portal del INAEM, se puede leer una oferta para cubrir un puesto de “administrativo. Por tiempo de 9 meses. Con titulación o experiencia. Sueldo –mínimo- de 426 euros mensuales. Prácticas no laborales”. Además de parecerme una aberración que el INAEM sea intermediario de ofertas tan usureras, empiezo a comprender la factibilidad de que el paro vaya disminuyendo,  donde los parados se cansan de buscar de empleo o, en el mejor de los casos (porque también nosotros somos culpables) no tragan con los “chollos” que la administración y algunas empresas, pese a las condiciones, ofrecen de cierto a viento. Otro de los casos, para mí, vergonzantes, es la contrata de la limpieza y mantenimiento de las piscinas municipales de Huesca, sobre lo que poco se oye. No es difícil encontrar información de cómo el año pasado este servicio, ahora privatizado (sí, sí, va en serio), contaba con al menos 10 empleados. Sin embargo, este año, la empresa CLECE (perteneciente a un afamado personaje) ha ofertado el doble de puestos con la particularidad de que su jornada es la mitad, igual que su sueldo, rondando unos 400 euros. Y así, de privatización en privatización y de recorte en recorte de derechos laborales, los trabajadores que “tengan la suerte” de encontrar una ocupación verán muy mermadas sus condiciones y salario, lo que imposibilita la conciliación laboral, familiar y personal, y debería ser motivo de un profundo análisis. Estas son las cifras y vidas del paro, sumadas a aquellas personas que por hacer un curso – obligado en muchos casos por el Inaem - son borradas como demandantes o, encontrándose cansadas de la ineptitud de los dirigentes políticos, deciden emigrar a otro país. ¿Hasta cuándo?